En el Pleno del pasado día 29 de febrero, Unión Progreso y Democracia expuso su valoración sobre las diferentes alternativas que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos, presentó sobre El Tagarral. Dada la importancia del tema y sus posibles consecuencias, nos parece importante difundir a la ciudadanía los fundamentos de nuestra postura en este asunto.
Lo primero que cabe concluir, después de realizar el análisis de los hechos ocurridos a lo largo de estos 25 años, es la existencia de responsabilidad política de todos los partidos que han estado al frente de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y de Tres Cantos: PSOE, PP, IU y TCU. Con su mala gestión, han permitido que una indemnización fijada en casi 19 millones de euros se haya convertido en 59 millones, por los intereses generados en estos 25 años.
Nos parece especialmente grave que una vez que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en el año 2007, sin posibilidad de recurso, ninguna administración cogiera el toro por los cuernos para buscar una solución o llegar a esos pactos, que ahora parecen tan fáciles de conseguir.
Tampoco hubo reacción ninguna cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apercibió a las tres administraciones para la ejecución solidaria de la indemnización fijada, ni cuando estableció un plazo de 15 meses como límite para su ejecución.
Ha sido en el Pleno del 29 de febrero, fecha en la que ya habían vencido todos los plazos concedidos por el Tribunal, cuando el Grupo de Gobierno reacciona en busca de soluciones.
Muchas son las preguntas sin respuesta:
¿Por qué, no se hizo en el año 2007, tras la sentencia del Tribunal Supremo?
¿Por qué, gobernando el mismo partido y el mismo Alcalde, no se ha hecho ninguna provisión o Plan de Pagos desde el año 2007 e incluso con anterioridad?
¿Qué atractivo tiene para los propietarios de El Tagarral que en un plazo máximo de 42 meses se recalifique su propiedad como urbanizable, cuando el AR Nuevo Tres Cantos va a producir una gran y variada oferta inmobiliaria?
En UPyD consideramos que la sentencias hay que cumplirlas de forma diligente, siendo, en cualquier caso, las administraciones públicas las moralmente obligadas a dar un buen ejemplo en cuanto al respeto y cumplimiento de los fallos judiciales.
El planteamiento del Grupo de Gobierno nos parece un trágala, ya que obliga a optar por una de tres propuestas, ninguna de las cuales nos parece positiva ni beneficiosa para los tricantinos. Analicemos las tres propuestas:
Propuesta 1ª: Pagar la indemnización dineraria entre las tres administraciones.
En los términos en que está planteada sería una grave irresponsabilidad política votar a favor de esta propuesta, pues, como indica el Secretario del Ayuntamiento de Tres cantos en sus informes, supondría el inicio de un concurso de acreedores, puesto que el Ayuntamiento no puede hacer frente a ni a una parte de esa indemnización y es absolutamente inasumible el pago directo por parte de los vecinos. Por otra parte, según revela el informe de la Interventora, no ha existido ni existe previsión presupuestaria alguna para hacer frente a la misma, lo que para nosotros es una manifestación evidente de la mala gestión. Como la responsabilidad es solidaria, si no hay acuerdo entre las tres administraciones, como se ha puesto de manifiesto, si lideráramos esa opción, habría que hace frente a los 59 millones de euros.
Propuesta 2ª: No hacer frente a la sentencia y asumir que el Tribunal va a proceder al embargo de bienes patrimoniales no afectos a servicios públicos y/o a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los “funcionarios responsables”.
Hay que matizarque la providencia de 2010, señala no sólo los funcionarios, sino también y en primer lugar, a las autoridades responsables. Se ha omitido un detalle importante.
Esta solución podría ser aceptable, siempre y cuando se ejecutara la sentencia contra las tres administraciones, lo que permitiría que se depuraran responsabilidades por la mala gestión del problema.
Sin embargo, si lo embargado son bienes patrimoniales, su valoración sería por debajo del valor de mercado, con lo que la pérdida económica resulta evidente.
Propuesta 3ª: Promover un acuerdo con las otras Administraciones condenadas y los ejecutantes.
Dicho así, puede parecer incluso razonable. Sin embargo, analizándola en detalle, la consideramos una solución torticera, pues representa un primer paso para llegar a un Acuerdo Urbanístico de Planeamiento, que es nulo de pleno derecho a la vista del artículo 245 de la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid. Aunque es verdad que no es lo que votamos en este momento, es lo que subyace en la propuesta.
En UPyD consideremos que, en ningún caso, se debe cambiar un Plan Urbanístico para dar cumplimiento a una sentencia.
Cualquier cambio en un Plan Urbanístico debería establecerse en base a unas necesidades desde el punto de vista social y económico. El desarrollo del AR Nuevo Tres Cantos con un número previsto de 6.900 viviendas, nos hace pensar que Tres Cantos a corto, medio e incluso largo plazo, no tiene necesidad de nuevos desarrollos.
¿Es que han desaparecido los motivos por los que en 1987 y en 2003 se declararon no urbanizables esos terrenos? ¿han desaparecido también los motivos por los que en una moción de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de Tres Cantos se ratifica en la calificación de no urbanizables?
Es evidente que los Tribunales han determinado el perjuicio económico que los propietarios sufrieron con la recalificación y en eso se basa la indemnización fijada, pero NADIE ha dicho que la recalificación se hiciera contraviniendo la legislación.
Entrando en el análisis de los borradores de los acuerdos de este Ayuntamiento con el de Colmenar Viejo y con la Comunidad de Madrid tenemos que decir que las “compensaciones” que se proponen nos han dejado perplejos. La autorización para construir una carretera que una a Tres Cantos con la M104 desdoblada, carretera que une Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, el uso del cementerio de Colmenar y la plantación de árboles por la Comunidad de Madrid no consideramos que compensen una posible recalificación cuyas consecuencias para los tricantinos son imprevisibles.
Hay que destacar que toda la oposición votó en contra de esta solución y que tanto UPyD como el PSOE e IU-LV, propusimos soluciones alternativas al problema y cuya “admisión de urgencia”, para poder ser debatida cada una de ellas, fue apoyada sistemáticamente por los 8 concejales de la oposición y sistemáticamente rechazada por los 13 concejales del Grupo de Gobierno.
Nuestra propuesta, se basa en la consideración de que la Comunidad Autónoma de Madrid, es la única con capacidad financiera para hacer frente a una indemnización de casi 59 millones de euros, por lo que es la que debería ponerse al frente de la solución dando cumplimiento a la sentencia para, a continuación, llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el de Tres Cantos y así resarcirse de la parte que correspondiera a cada una de esas administraciones. Para ello, sería necesario que, previamente, las tres administraciones concernidas se pusieran de acuerdo en las compensaciones.
La Comunidad de Madrid, por su posición dominante, está en condiciones de forzar a las otras dos un acuerdo equilibrado, no siendo necesario pacto alguno con los ejecutantes. Esta solución daría cumplimiento inmediato a la sentencia evitando el incremento de las cuantías adeudadas.
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